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Los «Pandora Papers» tocan a Palacio Nacional

El 4 de abril de 2016, Andrés Manuel López Obrador hizo una de esas declaraciones que jamás debió pensar que se le revertirían. En un mitin en Tlaxcala, en el momento donde estaba en lo más alto el escándalo de los Panama Papers, la investigación periodística global sobre el uso de paraísos fiscales de políticos, empresarios y celebridades donde aparecían varios mexicanos, afirmó que el SAT debía investigarlos porque, sin duda, se trataba de lavado de dinero. Cinco años después un búmeran llamado Pandora Papers le ha pegado en la cabeza.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que coordinó durante más de un año con el mayor sigilo una investigación con 150 medios en el mundo –incluidos tres mexicanos y uno latinoamericano–, dio a conocer este domingo casi 2 millones de documentos sobre operaciones de líderes, funcionarios y políticos en 91 países, que utilizaron paraísos fiscales para ocultar operaciones financieras. No todos de quienes aparecen en esa lista incurrieron en delitos, pero sí hay quienes actuaron al margen de las leyes de sus países, incluidos algunos prominentes mexicanos, muy cercanos al presidente López Obrador.

La persona sobre la cual se han centrado los ojos es Julio Scherer, hasta hace un mes consejero jurídico de la Presidencia, que utilizó un paraíso fiscal en las Islas Vírgenes para controlar un departamento de un millón y medio de dólares en la avenida Collins, cerca de Miami Beach, al haberle transferido las acciones a Ilja Landsmanas Dymensztejn y su esposa Ivonne Stern Wolf, quienes permanecieron como directores de la sociedad creada, hasta 2017, cuando dejaron todo en manos del exfuncionario. Ese departamento, de acuerdo con la revista Proceso, donde los Scherer son los propietarios, no apareció en las declaraciones patrimoniales públicas del exconsejero.

Scherer explicó que esas operaciones las hizo cuando aún no era funcionario público, aunque en su respuesta a los medios que divulgaron la investigación, no mencionó el porqué no lo había incorporado en su declaración patrimonial. Tampoco aparece ningún detalle de cuánto pagó, si así lo hubiera hecho, por las 50 mil acciones que le dieron la propiedad del departamento, ubicado en una de las zonas residenciales más exclusivas del sur de Miami.

No es la primera vez que aparecen personas del gobierno o cercanas al presidente con cuentas en paraísos fiscales. En los Panama Papers surgió el nombre del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, en una sociedad en Panamá creada por su hermano, ya fallecido, que declaró no haber tenido conocimiento de su incorporación ni que fuera miembro de ella. Recientemente, la familia de su hermano dijo que esa sociedad servía de prestanombres del fiscal, que tiene ahí 8 millones de dólares.

No deja de ser significativo que en Proceso, la revista de la familia Scherer, se recordó ayer que el 18 de agosto del año pasado, cuando en la comparecencia mañanera le preguntaron sobre la corrupción en anteriores gobiernos, López Obrador preguntó: “¿Cómo se va el dinero de un país saqueado a un paraíso fiscal y no pasa nada?”. De inmediato respondió: “Hay países que incluso viven de eso. Es inmoral”. Sus palabras de antes tendrán que ser respaldas por acciones de su gobierno en estos nuevos casos divulgados en los Pandora Papers, si mantiene una congruencia y coherencia con lo que afirmó en 2016 y lo que dijo el año pasado.

A las 300 figuras del sector público se suman cantantes como el español Julio Iglesias y la colombiana Shakira, o estrellas del fútbol como el argentino Ángel di María o el español Pep Guardiola.

Según la investigación, todos ellos son propietarios de compañías offshore, empresas radicadas en países distintos del domicilio fiscal de sus administradores, que son legales si el dueño las declara donde reside, pero que suelen usarse para «esconder dinero en efectivo o evitar impuestos», según los investigadores.

El trabajo periodístico, coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y con la participación de más de 650 reporteros de distintos medios -entre ellos la BBC-, expone 12 millones de documentos de 14 empresas que trabajan en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá o Suiza, entre otros.

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